Reflotó esta semana la polémica en torno a la entrega de fondos no reintegrables de parte de la Provincia, para asistir a municipios y comunas. Dirigentes radicales acusaron al Poder Ejecutivo (PE) que encabeza Osvaldo Jaldo -interinamente- de entregar dineros públicos de manera discrecional, según afinidad política.

Las acusaciones tomaron impulso tras conocerse que Jaldo autorizó un desembolso sin reintegro para la Capital, que administra Germán Alfaro, por $35 millones (el Municipio dijo que se trató de una compensación). Pero el tema se venía calentando semanas atrás, cuando los intendentes Mariano Campero (Yerba Buena), Alejandro Molinuevo (Concepción) y Sebastián Salazar (Bella Vista), liderados por el diputado y presidente de la UCR, Roberto Sánchez, fueron a Casa de Gobierno para ponerse a disposición y plantear las necesidades que tienen en sus distritos.

Los tres municipios se encuentran dentro del Convenio de Asistencia Garantizada (antes llamado “Pacto Fiscal”), un mecanismo nacido en el alperovichismo (Ley 7.974) mediante el cual el PE garantiza el pago de sueldos y otros gastos a cambio de que los distritos cedan su coparticipación. A su vez, la Provincia puede otorgar asistencias -reintegrables o no- a través del Ministerio del Interior, que conduce Miguel Acevedo, para obras u otro tipo de necesidades. Además de la Capital, cinco distritos se encuentran fuera del acuerdo: Las Talitas, Trancas, La Cocha, Burruyacu y Graneros.

Decretos sin precisiones

Las ayudas no reintegrables se otorgan a través de decretos que llevan la firma del ministro del Interior, del gobernador y del secretario de Hacienda, Fernando Solórzano, y son publicados en el Boletín Oficial (BO). Pero, debido a que la redacción no está estandarizada y que los fondos surgen de diversas partidas, buscar y recopilar estos documentos no es una tarea sencilla. De todos modos, según pudo indagar LA GACETA, en lo que va de 2022 se publicaron al menos 88 decretos de asistencia financiera no reintegrable para municipios y comunas por $8.122 millones.

La mayoría de los decretos mencionan que los aportes están destinados para la realización de obras, pero no se especifica a cuáles. Sólo se consigna que esa información figura en la primera hoja del expediente que motiva el decreto, pero esos documentos no están disponibles en la web abierta. Otros expresan que con los dineros se cubrirán gastos o se dará continuidad a obras.

Desde abril de 2021, en coincidencia con la interna oficialista, en los decretos se redujo la especificidad de los pedidos de las ayudas. Antes de eso, el detalle era mucho más minucioso.

El mes pasado, cuando estalló la polémica por el mobiliario antiguo para el Ministerio de Obras Públicas, Jaldo dijo en conferencia de prensa que todos los instrumentos son públicos, que en el BO se publican todos los decretos y que son revisados por el Tribunal de Cuentas y cargados a la web. “Es decir que todos los expedientes que se tramitan en la Casa de Gobierno son públicos y tienen acceso todos los periodistas”, mencionó. Sin embargo, no es posible revisar el contenido de los expedientes en el Sistema de Gestión Documental.

Más y menos favorecidos

De los 19 municipios tucumanos y según los decretos relevados, el más favorecido es Banda del Río Salí, que administra el jaldista Darío Monteros, con $1.780 millones repartidos en 17 decretos, de entre $195 millones y $15 millones. En dicha ciudad se inauguraron recientemente numerosas obras de iluminación, agua, seguridad, monitoreo, pavimento y recolección de residuos, entre otros.

En el podio se ubican dos municipios que, según la Ley de Categorización de Municipalidades (5.530), son de segunda categoría: Famaillá y Juan Bautista Alberdi. La primera, gobernada por José Orellana, recibió este año $820 millones de fondos no reintegrables en seis decretos. Y la segunda, administrada por Sandra Figueroa, fue ayudada con $810 millones (seis partes).

El relevamiento entre los municipios oficialistas se completa con: Aguilares, $768 millones; Tafí Viejo, $655 millones; Monteros, $620 millones; Burruyacu, $505 millones; Las Talitas $447,7 millones; Graneros, $390 millones; Simoca, $297 millones; Alderetes, $247 millones; Lules, $240 millones; Trancas, $150 millones; La Cocha, $142 millones; y Tafí del Valle, $125 millones.

De lo que se pudo explorar en el BO, los municipios opositores tendrían una suerte contraria a los oficialistas. Si bien pudieron acceder a aportes financieros, todos los decretos que se hallaron fueron por montos reintegrables, excepto por los $35 millones que la Capital solicitó como compensación de gastos por los espectáculos suspendidos del 8 de julio. Este diario no pudo hallar documentos por fondos no reembolsables para Yerba Buena, Concepción ni Bella Vista este año.

Quejas y defensa

Días atrás, la Junta de Gobierno de la UCR, en un polémico comunicado, manifestó “la necesidad de que el Gobierno actualice la regulación del ‘Pacto Fiscal’ sobre la coparticipación a los municipios”.

Posteriormente, ex diputado José Cano reclamó una Ley de Acceso a la Información Pública. Dijo que la falta de transparencia en la gestión “facilita la disposición arbitraria y discrecional de fondos a los municipios y comunas. Es utilizada como una herramienta aleccionadora y de alineación para intendentes y delegados comunales”. Además, instó a Jaldo a cumplir con la Constitución de 2006 y pidió que impulse una ley para el dictado de las Cartas Orgánicas municipales, para que la coparticipación nacional y provincial sea depositada en forma automática. De un modo similar se expresó el legislador José Ascárate, que dijo que la UCR no avala el “Pacto Fiscal” porque “ la distribución de los recursos es arbitraria y no de acuerdo a parámetros objetivos”.

La semana pasada, en una entrevista con “Panorama Tucumano”, el ministro Acevedo manifestó que “en algún momento habría que ir sacándolo al ‘pacto’”. No obstante, remarcó que ha sido una herramienta muy positiva para los municipios que estaban con las cuentas en rojo. Respecto a los planteos de la oposición, dijo que “pueden quejarse de que quieren más o no”, pero que la realidad es que “nunca les hicimos faltar un peso para las planillas salariales, los planes y programas de cada municipio”. Además, señaló que recibieron mucha ayuda de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri.

Los cinco municipios más favorecidos

- Banda del Río Salí (1ra categoría) $1.780 millones.

- Famaillá (2da categoría) $820 millones.

- Alberdi (2da categoría) $810 millones.

- Aguilares (2da categoría) $768 millones.

- Tafí Viejo (1ra categoría) $655 millones.